►Qué dice la ley sobre el pago de comisiones

Agosto 18 de 2025

¿Qué Dice la Ley Venezolana sobre el Pago de Comisiones Inmobiliarias en 2025?

La Comisión Inmobiliaria: Definición y su Rol Crucial en Venezuela

La comisión de intermediación inmobiliaria representa la compensación profesional que recibe un agente o una agencia por los servicios prestados en una transacción de compraventa de propiedades. Esta remuneración cubre una serie de actividades especializadas, que incluyen la búsqueda activa de posibles compradores o inmuebles, la promoción efectiva de la propiedad en diversos canales, la negociación de los términos de venta, la provisión de asesoría legal durante todo el proceso y la gestión administrativa de los trámites necesarios hasta la formalización del cierre de la operación.

El contrato que subyace a esta relación es el de corretaje. Aunque el Código Civil Venezolano no lo define explícitamente para el sector inmobiliario, sus principios generales rigen este tipo de acuerdos. El Código de Comercio, por su parte, aborda el corretaje mercantil, estableciendo un marco para la actividad de los corredores. Este contrato es inherentemente oneroso, lo que significa que la retribución del corredor se devenga una vez que se logra el resultado esperado: la conclusión exitosa del contrato principal de compraventa. Una observación fundamental en el contexto venezolano es que, si bien la ley no establece un porcentaje fijo para la comisión, el contrato de corretaje se concibe como un acuerdo de resultado. Esto implica que la obligación del corredor es de medios, es decir, debe desplegar toda la actividad necesaria para promover el negocio. Sin embargo, el derecho a percibir su retribución se materializa únicamente cuando se alcanza el resultado deseado y previsto: la venta efectiva del inmueble. La jurisprudencia nacional ha respaldado esta interpretación, señalando que la comisión se hace exigible una vez que las partes acuerdan la operación, incluso si el corredor no participa directamente en la instrumentación final o si existe un intento por eludir su pago. Esta particularidad subraya la importancia de un contrato de corretaje meticulosamente redactado y la necesidad de que los clientes comprendan que la comisión es adeudada si la gestión del corredor fue determinante para el "buen fin" del negocio, independientemente de la presencia del agente en el cierre o de variaciones en el precio final.

Es crucial diferenciar la comisión de intermediación de otros gastos y tributos obligatorios que surgen durante una transacción inmobiliaria. La comisión es una contraprestación por un servicio profesional, mientras que los demás son impuestos, tasas o cargos impuestos por el Estado o por servicios legales y notariales.

Entre los gastos adicionales más comunes se encuentran:

Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI): Este impuesto obligatorio generalmente oscila entre el 1% y el 3% del valor de la propiedad y es indispensable para formalizar la transferencia de la titularidad.
Aranceles de Registro: Los costos asociados con el registro del documento de compraventa en el Registro Público pueden variar significativamente, desde el 2% hasta el 40%, dependiendo de la unidad contable local y el valor del inmueble. Este registro es vital para otorgar seguridad jurídica al comprador.
Honorarios Notariales y de Abogados: Los servicios legales y notariales para la redacción y revisión de contratos, así como la protocolización del documento de venta, representan aproximadamente el 1.94% del valor de la transacción.
Anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISLR): El vendedor debe pagar un anticipo del 0.5% del ISLR sobre el precio de venta de la propiedad.
Gastos de Solvencias Municipales y Timbres Fiscales: La obtención de diversas solvencias municipales, timbres fiscales y otros documentos complementarios conlleva costos adicionales necesarios para la culminación legal de la transacción.

Marco Legal en Venezuela: Regulación y Prácticas para 2025

Código Civil: Este cuerpo legal regula los contratos en general (a partir del Artículo 1.133) y el contrato de mandato (desde el Artículo 1.684). Si bien el corretaje se distingue del mandato por la independencia del corredor y la onerosidad implícita de su actividad, los principios contractuales generales son aplicables.
Código de Comercio: Este código se aplica al corretaje mercantil, estableciendo obligaciones para los corredores, como la obligación de llevar libros y de responder por la identidad y capacidad de las partes. Los artículos 67 al 74 del Código de Comercio regulan la profesión de corredor, y aunque se centran más en corredores de bolsa o de comercio general, sus principios pueden aplicarse por analogía al corretaje inmobiliario. A pesar de la falta de una ley específica de corretaje

inmobiliario que fije comisiones, el concepto de "corretaje" está bien establecido y reconocido en el ordenamiento jurídico venezolano. La jurisprudencia ha abordado el derecho del corredor a la comisión incluso en situaciones de frustración o intento de elusión del pago. Esto demuestra que la figura del corredor y su derecho a la remuneración están sólidamente fundamentados en el derecho venezolano, lo que proporciona seguridad jurídica a su cobro, siempre que se cumpla la condición del "resultado útil".
Ley de Registros y Notarías: Esta ley rige los aranceles de registro y los procedimientos para la formalización de la compraventa de bienes inmuebles.
Leyes Tributarias: Normativas como la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) inciden directamente en los costos asociados a la transacción inmobiliaria.

Distinción Fundamental entre Comisiones de Venta y Alquiler

Es fundamental establecer una clara distinción entre las regulaciones aplicables a las comisiones de venta y las de alquiler. La Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, tanto para Uso Comercial como para Vivienda, prohíbe explícitamente el cobro por exhibir o mostrar inmuebles en oferta de arrendamiento. Además, establece que la comisión por arrendar una vivienda debe ser asumida por el arrendador. Sin embargo, esta prohibición no se extiende a las comisiones por la venta de inmuebles, lo que reafirma la libertad contractual en este ámbito.

El Papel de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) y sus Recomendaciones

Aunque la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) no tiene la potestad legal para fijar las comisiones de venta de manera vinculante, desempeña un papel significativo en el establecimiento de prácticas éticas y estándares para sus miembros afiliados. La CIV, por ejemplo, recomienda una comisión del 5% sobre el valor de venta del inmueble. Esta recomendación, si bien no es una obligación legal, ha sido ampliamente adoptada y se ha consolidado como una norma de mercado. La CIV también se dedica a fomentar el desarrollo profesional de sus miembros y a promover estándares de calidad en el sector inmobiliario.

La recomendación del 5% por parte de la CIV, a pesar de no ser una imposición legal, ha permeado tan profundamente en el mercado que se ha convertido en un estándar de facto. Esto sugiere que la presión de la industria y la búsqueda de uniformidad en las prácticas han creado una norma tácita. Este hecho reduce la incertidumbre para los participantes del mercado, ya que existe una expectativa clara sobre el porcentaje de comisión. Sin embargo, también implica que los vendedores deben anticipar este costo, que representa una parte considerable del valor de la propiedad. La posibilidad de negociar una comisión ligeramente menor (por ejemplo, un 3% en casos de exclusividad) se convierte en una estrategia clave para los vendedores bien informados.

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